Chile nueva constitución pdf
1. Entre 1991 y 1993, la Comisión comenzó a recibir diversas demandas contra el Estado de Chile, denunciando la promulgación del Decreto Ley 2191 del 10 de marzo de 1978. Las peticiones fueron registradas bajo los siguientes números y nombres: 11.228 Irma Meneses Reyes; 11.229 Ricardo Lagos Salinas; 11.231 Juan Alsina Hurtos y 11.282 Pedro José Vergara Inostroza, y en ellas se argumentaba que la ley de amnistía de 1978 en cuestión, el Decreto Ley 2191 -por el cual se perdonaron diversos delitos cometidos entre 1973 y 1978- y su consecuente aplicación por parte de los tribunales chilenos constituían una violación del derecho internacional consuetudinario y convencional.
2. En todas las denuncias, los peticionarios solicitaron que la Comisión 1) declarar que el Decreto Ley 2191 es incompatible con el artículo XVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y con los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2) recomendar al Estado de Chile que adopte todas las medidas necesarias para establecer el paradero de las víctimas y sancionar a los responsables de las desapariciones y ejecuciones implementadas al margen de la ley; y 3) recomendar al Estado de Chile que otorgue una indemnización a los familiares de las víctimas por la violación de su derecho a la justicia.
Proyecto de Constitución de Chile pdf
Los reguladores clave son los tribunales y la Comisión para el Mercado Financiero (FMC), junto con la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL). En el sector público, existe el Comité Interministerial de Ciberseguridad (CICS), cuya principal tarea es proponer una Política Nacional de Ciberseguridad. Está compuesto por lo siguiente:
En Chile, no existe un regulador de la ciberseguridad ni una autoridad de protección de datos. Los procedimientos relativos a los delitos de ciberseguridad se tramitan en los tribunales y en ámbitos sectoriales como el bancario, seguidos por la Comisión para el Mercado Financiero.
En Chile no existen normas subnacionales, pero sí sectoriales; como se menciona en el apartado 1.3 Proceso de administración y aplicación, la norma sectorial que existe actualmente es de aplicación exclusiva a los bancos.
El principal organismo gubernamental es el Comité Interministerial de Ciberseguridad, dentro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, CSIRT. Además, según la Instrucción Presidencial Nº 8 de 2018, los organismos de la administración del Estado deben reportar todos los incidentes de ciberseguridad al CSIRT tan pronto como tengan conocimiento de ellos; este deber es obligatorio. La Resolución No 1318 de la SUBTEL establece el deber obligatorio de reportar las ciberamenazas en el contexto de los servicios de telecomunicaciones, para las empresas que prestan dichos servicios.
Proyecto de nueva constitución en Chile
En comparación con sus vecinos más volátiles, los historiadores han destacado la evolución ordenada y pacífica de la democracia en Chile y una venerable tradición de respeto a los valores cívicos y a la ley escrita. Desde 1932 hasta el golpe de estado del general Pinochet en 1973, ocho presidentes elegidos se alternaron en el poder bajo las disposiciones de una única constitución, y seis de ellos cumplieron su mandato completo de seis años (los presidentes Pedro Aguirre Cerda (1938-1941) y Juan Antonio Ríos (1942-1946) murieron en el cargo). Sin embargo, este orden superficial es engañoso. La inestabilidad política crónica y recurrente en el siglo XIX, debida a los conflictos entre las camarillas rivales de las élites gobernantes y los militares, contribuyó a establecer una tradición de gobierno centralizado fuerte, que llegó a considerarse una condición sine qua non del desarrollo estable.
Las alternancias entre la inestabilidad y el gobierno fuerte han continuado en el presente siglo y han aumentado en intensidad. A partir de la década de 1930, y cada vez más en décadas posteriores, se expandieron los partidos de izquierda, los sindicatos y las organizaciones campesinas, y parte de la creciente clase media chilena se radicalizó en sus demandas, reflejando las profundas desigualdades sociales y económicas que dividían a la nación. El país pasó de un gobierno de Frente Popular que incluía a radicales, socialistas y comunistas (Pedro Aguirre Cerda) a otro que expulsó a los comunistas del gobierno, prohibió el Partido Comunista y privó de derechos a sus miembros (Gabriel González Videla). Las tensiones del sistema político se manifestaron en la violenta reacción de la élite conservadora a las medidas de reforma agraria, parte de la “Revolución en Libertad” proclamada por el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), padre del actual presidente.
Ley de amnistía de 1978 en Chile
Veintiocho años después de que la dictadura chilena impusiera la prohibición total del aborto, y tras un difícil proceso que incluyó la intervención del Tribunal Constitucional, el gobierno promulgó en septiembre de 2017 una ley que despenaliza el aborto si la vida de la mujer embarazada corre peligro, el feto es inviable o el embarazo se debe a una violación.
Los tribunales siguen procesando a los responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar. En 2017, los tribunales condenaron o encausaron a ex militares y agentes del Estado en tres de los crímenes más atroces de la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.
En marzo, la Corte Suprema condenó y sentenció a 33 ex agentes del Estado por las desapariciones forzadas de 5 miembros del Frente Patriota Manuel Rodríguez en 1987. Los cuerpos de las víctimas fueron atados a traviesas de ferrocarril y arrojados al mar.
En abril, un juez de instrucción acusó al ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheyre, de complicidad en la ejecución extrajudicial de 15 personas en el regimiento de La Serena, donde era teniente durante el gobierno militar.

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